La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes a la administración del presidente Donald Trump a revocar el parole humanitario creado bajo el gobierno de Joe Biden, una decisión que deja en el limbo a más de 500.000 personas, muchas de ellas cubanas.
Con esta medida, queda sin efecto una orden de una corte menor que había impedido la eliminación del programa. Ahora, la administración Trump podrá continuar con su plan de cancelar de manera masiva los permisos otorgados a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes ingresaron a Estados Unidos de forma legal y con patrocinador.
El programa de parole humanitario permitió desde 2022 la entrada legal de más de 532.000 migrantes con patrocinadores financieros en EEUU, provenientes de países marcados por la inestabilidad como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los beneficiarios recibieron permisos por dos años y debían costear su viaje y tener respaldo económico.
“La vida de medio millón de personas se desmorona mientras los tribunales aún no deciden si el gobierno actuó legalmente”, advirtió la jueza Ketanji Brown Jackson en su voto disidente, respaldado por Sonia Sotomayor.
Aunque la decisión no es definitiva, permite que el gobierno avance con la cancelación del programa mientras el caso regresa a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston.
La jueza de distrito Indira Talwani, quien bloqueó inicialmente la suspensión, argumentó que la ley exige un análisis caso por caso para revocar estos beneficios. Sin embargo, el gobierno de Trump alegó que el parole fue otorgado en masa sin base legal y solicitó a la Corte Suprema intervenir.
La administración Trump argumenta que el parole nunca fue permanente y que la ley no obliga a revocar los beneficios uno por uno. El fiscal general D. John Sauer alegó que hacerlo así sería una tarea “gigantesca” que retrasaría los planes del gobierno de deportar a quienes considera inadmisibles.
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